En la Comunitat Valenciana, lo que se discute estos días en Les Corts no es solo la distribución técnica de unos presupuestos. Lo que se discute es hasta qué punto estamos dispuestas como sociedad a permitir que el odio se convierta en norma, que la discriminación se vuelva legal, y que las vidas de las personas migrantes y racializadas sigan siendo moneda de cambio político. Lo que está en juego no es una partida más o menos. Lo que está en juego es el sentido mismo de comunidad, de democracia y de humanidad.
Las enmiendas que el grupo parlamentario de VOX ha presentado a los presupuestos autonómicos valencianos para 2025 es un ataque coordinado y sistemático contra los derechos fundamentales de miles de personas, con el objetivo de institucionalizar el racismo, justificar la exclusión y legitimar el rechazo como política pública. Y frente a ese ataque, el Partido Popular tiene una responsabilidad histórica: impedir que la Comunitat Valenciana se convierta en laboratorio de una distopía racista impulsada por la ultraderecha.
Lo ha denuncia públicamente el espacio “València pels Drets de les Persones Immigrades”, que agrupa a decenas de organizaciones sociales, migrantes, sindicales y de derechos humanos. En un comunicado, esta organización denuncia que lo que VOX propone a través de sus enmiendas no es gestión pública, es ideología supremacista. Y el PP, como socio de gobierno en la Generalitat, está ante una encrucijada ética y política de enorme magnitud.
En concreto, las enmiendas incluyen medidas como:
- Limitar las ayudas del Consell exclusivamente a ciudadanos europeos, excluyendo deliberadamente a la población migrante no comunitaria, con la justificación ideológica de “frenar la invasión migratoria”.
- Exigir pruebas médicas invasivas para determinar la edad de menores migrantes bajo tutela institucional, tratándolos de forma automática como sospechosos solo por su origen.
- Crear partidas presupuestarias para la expulsión selectiva de jóvenes extutelados, por el simple hecho de no haber nacido en territorio europeo.
- Financiar supuestas “cooperaciones” con países africanos como Mauritania o Senegal, cuyo objetivo real es reforzar la externalización de fronteras y bloquear la llegada de personas migrantes antes de que pisen suelo europeo.
Estas medidas son piezas perfectamente engranadas de una estrategia de guerra cultural. Son parte de una agenda de odio que busca instalar en el imaginario colectivo que las personas migrantes —especialmente aquellas de origen africano, árabe o latinoamericano— son una amenaza, un problema, un enemigo interno que debe ser contenido, vigilado, expulsado o, al menos, despojado de sus derechos más básicos.
¿Quién tiene derecho a recibir ayuda?
Limitar las ayudas sociales únicamente a ciudadanos europeos es, en la práctica, una sentencia de exclusión para decenas de miles de personas que viven, trabajan, cuidan, estudian y aportan cada día en la Comunitat Valenciana. Se trata de una flagrante vulneración del principio de no discriminación, recogido en la Constitución española, en la normativa europea y en los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado español ha ratificado.
La excusa esgrimida por VOX —la supuesta “invasión migratoria”— no resiste ni el más mínimo análisis estadístico. Pero tampoco necesita resistirlo: su objetivo no es decir la verdad, sino instalar un marco mental. Un marco donde las personas migrantes son percibidas como culpables por existir, donde su sola presencia se convierte en una amenaza, y donde la ciudadanía se redefine desde la exclusión.
La retórica de “primero los de aquí”, “solo para los nuestros”, “preferencia nacional”, tiene un largo historial. Se ha utilizado en el pasado para negar derechos a mujeres, a personas gitanas, a personas negras, a personas LGTBI, a personas pobres. Hoy se reactiva como arma contra las personas migrantes. Y lo hace con el aval de las instituciones si estas no se pronuncian con firmeza.
Menores migrantes bajo sospecha
Uno de los aspectos más inquietantes de las enmiendas es el que apunta directamente contra los menores migrantes no acompañados, a quienes se pretende someter a pruebas médicas invasivas para verificar su edad. Esta medida, que ya ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos y tribunales en otros países europeos, responde a una lógica de sospecha generalizada que criminaliza a los niños y adolescentes migrantes por el solo hecho de serlo.
Obligar a un menor a pasar por una radiografía ósea o un examen dental forzado sin su consentimiento, con el fin de probar que “no está mintiendo” sobre su edad, no es protección. Es una forma de violencia institucional. Es una humillación deliberada. Es un mensaje dirigido a toda la infancia migrante: aquí no se confía en ti, aquí se te examina, se te mide, se te juzga antes de darte la palabra.
Estos menores, son sujetos de derecho. Son niños y niñas que han llegado solos, escapando muchas veces de contextos de violencia, pobreza extrema, persecución o desprotección. En lugar de ser acogidos con humanidad, se les trata como presuntos delincuentes. Y se prepara el camino para que, una vez alcanzada la mayoría de edad, puedan ser expulsados sin contemplaciones.
¿Qué significa «ser de aquí»?
El discurso de VOX —y la posible complicidad del PP— nos obliga a preguntarnos qué significa, en el fondo, “ser de aquí”. ¿Dónde empieza y termina ese “nosotros” que se reclama como legítimo receptor de derechos, y desde dónde se construye el “ellos” al que se le niega la dignidad?
En la Comunitat Valenciana viven miles de personas nacidas fuera del territorio español que llevan años —a veces décadas— contribuyendo al tejido social, económico y cultural. Son madres, padres, hijas, vecinas, compañeras de trabajo, estudiantes, enfermeros, cuidadoras, limpiadoras, conductores, profesores. Pagan impuestos, crían hijos, cuidan a mayores, participan en asociaciones, votan cuando se les permite, y siguen exigiendo —pacíficamente— ser tratadas con respeto.
La ciudadanía no puede estar condicionada por el color de piel, por el lugar de nacimiento o por el apellido. No se puede construir una sociedad democrática y cohesionada sobre la base del racismo institucional. Y mucho menos cuando ese racismo se disfraza de neutralidad presupuestaria.
La externalización de fronteras
Otro de los elementos clave de las enmiendas de VOX es la financiación de supuestas cooperaciones con países africanos que, en realidad, se orientan a reforzar los mecanismos de expulsión y contención migratoria. Se pretende desviar fondos públicos hacia acuerdos con estados como Mauritania o Senegal para que hagan el trabajo sucio: frenar, retener, detener a las personas migrantes antes de que lleguen a suelo europeo.
Este modelo, que lleva años implementándose a nivel de la Unión Europea, ha demostrado ser ineficaz, violento y profundamente inhumano. Externalizar fronteras significa subcontratar la represión. Significa mirar hacia otro lado cuando se producen detenciones arbitrarias, devoluciones ilegales, violencia policial o desapariciones. Significa lavarse las manos y seguir proclamando “valores democráticos” mientras se financia el cierre de rutas y la vulneración sistemática de derechos.
La Comunitat Valenciana va a convertirse en cómplice de esa maquinaria, además de legitimar con dinero público una política del rechazo que pone en peligro vidas humanas. Valencia va a sumarse a la lógica de la Europa fortaleza.
Racismo institucional
El racismo institucional no siempre se presenta con insultos o violencia física. A menudo adopta formas más sutiles pero igualmente destructivas: leyes que discriminan, normativas que excluyen, procedimientos que dificultan, presupuestos que recortan. Cuando una institución pública aprueba una política que excluye deliberadamente a un grupo de personas por su origen, está ejerciendo racismo institucional.
Y eso es exactamente lo que implican las enmiendas de VOX: una voluntad clara de construir una arquitectura institucional que despoje de derechos a quienes no encajan en su modelo excluyente de ciudadanía. Se busca legalizar la desigualdad y castigar a quienes no nacieron en la Europa blanca y rica. Se pretende vaciar de contenido la idea misma de igualdad.
Desde Afroféminas hemos denunciado en múltiples ocasiones cómo el racismo sistémico atraviesa las vidas de las mujeres negras y racializadas en todos los ámbitos: salud, educación, trabajo, medios de comunicación, política, justicia. Lo que ahora se plantea en la Comunitat Valenciana es una vuelta de tuerca para consolidar legalmente esa discriminación, fijarla en los presupuestos, convertirla en norma.
Redacción Afroféminas
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